Quienes siguen la escena política brasileña se han acostumbrado al uso del término polarización como explicación para casi todo lo que hemos vivido en los últimos años. El término describe el momento político en el que nos encontramos, en el que al menos dos grupos políticos distintos compiten por el poder y la narrativa política. En Brasil, podemos dividir esta polarización en dos bloques ideológicos distintos: la izquierda y la derecha. Sin embargo, la polarización en sí no es algo nuevo ni necesariamente perjudicial para la democracia. En Brasil, después de la dictadura, vimos un ambiente polarizado entre la izquierda y la derecha en todas las elecciones, y esto no significaba una erosión de la democracia. Más bien al contrario, proyectos políticos antagónicos se complementaban y juntos construyeron un centro democrático que alternaba entre el centro-derecha y el centro-izquierda.

Con la llegada de la llamada "ola rosa" a principios de la década de 2000, los partidos de izquierda llegaron al poder de manera democrática en gran parte de América Latina. En Brasil, esto significó la llegada del Partido de los Trabajadores al poder. Sin embargo, sin que los partidos de derecha se convirtieran en minoría en la política brasileña, el centro-derecha se alineó con el gobierno. Al mismo tiempo, la oposición al gobierno de grupos más a la derecha se volvió más prominente y vocal durante este período.

El PT, al tratar de evitar enfrentamientos, acomodó a gran parte de la clase política brasileña. El PSDB, el partido que había gobernado el país durante ocho años, lideró la oposición y se movió progresivamente hacia la derecha, adoptando discursos más conservadores. El fortalecimiento de la derecha intensificó el discurso y los grupos de extrema derecha, que combinaron el fundamentalismo religioso, el discurso ultraliberal en la economía y una forma renovada de anticomunismo. La derecha, en sus diversas facetas, redefinió el debate público en Brasil, desafiando consensos establecidos desde el final de la dictadura militar. Poco a poco, el ambiente político rompió consensos fundamentales para nuestra democracia. El primer gran paso fue la solicitud de recuento de votos presentada por el PSDB en la segunda vuelta de las elecciones de 2014, que tuvo la menor diferencia de votos hasta ese momento.

En medio de todo esto, hubo una democratización del acceso a Internet y el auge de las redes sociales, que se convirtieron en la plaza pública del debate político y en la principal forma de movilización de grupos políticos. La corrupción se convirtió en un tema central, con el PT siendo singularmente culpado por muchos. La clase media, en particular, se sintió amenazada por las políticas progresistas que se estaban implementando, viendo desafiada su posición relativa en la sociedad.

Entre 2014 y 2018, hubo un gran deterioro del clima político brasileño, acompañado de una crisis económica, lo que provocó un malestar popular alimentado por la insatisfacción con la economía y el aumento del costo de vida. Esto resultó en el juicio político de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Es precisamente en este período cuando se fortaleció la extrema derecha en línea, fortalecida principalmente por el aumento del antipetismo y facilitada por la falta de moderación de contenido en las principales plataformas de redes sociales, lo que permitió un aumento en la difusión de discursos de odio y desinformación.

La desinformación es un fenómeno cada vez más común en las últimas décadas. El desarrollo de Internet y las redes sociales facilitaron la difusión de información falsa y sesgada, lo que tiene un impacto negativo considerable en la democracia y los procesos electorales.

En este escenario, los actores institucionales desempeñan un papel crucial en la contención de la desinformación y la promoción de los ideales democráticos. En el contexto brasileño, el Tribunal Superior Electoral (TSE) es un actor destacado, responsable de salvaguardar la integridad de las elecciones, y sus notables esfuerzos se han destacado en los eventos recientes del país. A través del Programa de Enfrentamiento a la Desinformación, el TSE lleva a cabo iniciativas destinadas a fomentar la educación y la conciencia pública sobre este tema apremiante.

Además del TSE, otros actores institucionales también desempeñan roles significativos en la lucha contra la desinformación. El Ministerio Público, por ejemplo, desempeña un papel fundamental al investigar y sancionar delitos relacionados con la difusión de información falsa que tiene como objetivo difamar a individuos y entidades.

En Brasil, los episodios recientes de la coyuntura política evidencian una realidad preocupante con la promoción de acciones antidemocráticas.

Esto ocurrió incluso por parte de la presidencia, que surgió como uno de los principales promotores de acciones que amenazan la democracia en Brasil. A través de discursos y eventos públicos, el gobierno de Bolsonaro cuestionó repetidamente la integridad de las elecciones y la autonomía del Poder Judicial. Estas declaraciones sirven de justificación para los partidarios que, a su vez, se involucran en actos antidemocráticos, como los eventos del 7 de septiembre de 2021 y 2022, en los que hubo intentos de invasión del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo Federal.

El TSE, por su parte, ha surgido como una figura central en la oposición a Bolsonaro y sus esfuerzos para desestabilizar la democracia. El tribunal, constantemente blanco de ataques por parte del entonces presidente, fue acusado de parcialidad y de tener motivaciones para manipular las elecciones. Estos ataques fueron acompañados por un intento de aislar al Poder Judicial, ya que el gobierno dirigió su retórica no solo al TSE, sino también al Tribunal Supremo Federal, al Ministerio Público y al Congreso Nacional.

Algunos eventos destacados, como los actos antidemocráticos de septiembre de 2021 y 2022, establecen momentos históricos en la intersección entre la democracia y la desinformación en Brasil. Estos eventos, instigados por el entonces presidente, destacan la capacidad de la desinformación para catalizar acciones antidemocráticas.

Estos ataques han sido acompañados por un movimiento para aislar al Poder Judicial. Este movimiento también es resultado de la desinformación, que se ha utilizado para desacreditar las instituciones democráticas.

En resumen, la lucha contra la desinformación es fundamental para la preservación de la democracia y la integridad de las elecciones. La participación de los actores institucionales es crucial en esta misión, al igual que la movilización de toda la sociedad para este fin.

Ante todo este panorama, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha actuado en diversas áreas contra los ataques al proceso electoral. En 2019, el Tribunal creó el Programa Permanente de Enfrentamiento a la Desinformación, que establece asociaciones con redes sociales, instituciones públicas y privadas, entre otros actores relevantes, con el objetivo de reducir las noticias falsas y ampliar el alcance de la información verídica y oficial.

Una de las principales herramientas para combatir la información falsa fue la asociación con las principales plataformas digitales, excepto Telegram, en febrero de 2022. El acuerdo incluyó iniciativas y estrategias que las empresas se comprometieron a seguir, como la eliminación de contenidos identificados como falsos y la creación de etiquetas para los contenidos oficiales del TSE. La no participación inmediata de Telegram en el acuerdo se debió a la falta de cumplimiento de la plataforma con las decisiones judiciales brasileñas, lo que resultó en el bloqueo de la aplicación. Sin embargo, la suspensión provocó un cambio en la postura de la plataforma, que pronto se unió al acuerdo de colaboración con el Tribunal Electoral. La asociación fue un hito importante para Brasil, ya que en ese momento fue el primer órgano electoral en el mundo en firmar un acuerdo de este tipo con la empresa.

Además de las iniciativas destinadas a crear conciencia en la población, el TSE emitió la primera decisión sobre un caso de ataques a las urnas por parte de políticos. El político en cuestión fue el diputado estatal Fernando Francischini, en ese momento del PSL/PR, y la decisión, emitida a fines de octubre de 2021, revocó el mandato del parlamentario y lo hizo inelegible por ocho años. La decisión fue objeto de recurso por parte del diputado, que inicialmente fue acatado de manera provisional por el ministro Nunes Marques, pero en el Supremo Tribunal Federal (STF), su voto fue derrotado.

En respuesta a las narrativas falsas, el Tribunal también creó entornos de transparencia, como la apertura de la sala de totalización de votos para interesados como entidades de supervisión y representantes de partidos políticos, la creación de la Comisión y el Observatorio de Transparencia de las Elecciones, respectivamente, CTE y OTE, con participación de la sociedad civil y el Test Público de Seguridad (TPS) del Sistema Electrónico, que contó con una cantidad récord de investigadores en las Elecciones Generales de 2022. Todo esto contribuyó a reducir la descredibilización del sistema electoral, basado en datos, estudios y pruebas de la confiabilidad del proceso.

Los esfuerzos del Tribunal Electoral fueron fundamentales para reducir la propagación de las narrativas desinformativas en Brasil.

Después de la primera vuelta de las Elecciones Generales, que a pesar de ser aparentemente tranquila, estuvo llena de desinformación en los medios de comunicación, los días siguientes llevaron a Brasil a enfrentar un acontecimiento inesperado. El 30 de octubre de 2022, día en que se celebró la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, a pesar de la prohibición del TSE de operaciones relacionadas con el transporte de votantes, la Policía Federal de Carreteras (PRF) realizó controles, principalmente en la región del Nordeste, donde el actual presidente Lula recibió la mayoría de los votos, y realizó inspecciones en varios autobuses responsables del transporte de ciudadanos que deseaban ejercer su derecho al voto.

En este contexto, a pesar de las numerosas preocupaciones de los legisladores y otros políticos, el Tribunal Electoral optó por no retrasar el horario de votación. A pesar de ello, el presidente del Tribunal, el ministro Alexandre de Moraes, notificó al director general de la PRF en ese momento, Silvinei Vasques, y concluyó que ningún autobús regresó a su punto de origen, por lo que no hubo perjuicio para los votantes. El exdirector fue arrestado en agosto de 2023 por interferir en las elecciones.

El resultado de las elecciones vino acompañado de la continuación de los discursos, sin evidencia alguna, de fraude en las urnas electrónicas. Esta narrativa, junto con otras desinformaciones difundidas y la violencia prepotente de la derecha, desencadenaron los ataques a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023. En esa ocasión, el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal (STF) y el Palacio del Planalto fueron invadidos y vandalizados por terroristas. El episodio marcó la amenaza más violenta y grave a la democracia brasileña. Los ataques están siendo investigados en investigaciones que se están llevando a cabo en el STF y en la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI). El movimiento se había estado gestando semanas antes a través de un campamento frente a la sede del Ejército. Posteriormente, se sumaron alrededor de 4,000 personas que llegaron en autobuses desde otros estados. El daño ascendió a aproximadamente R$ 4.3 millones, según un informe del actual Gobierno Federal enviado a la CPMI.

En parte, la responsabilidad de esta situación se atribuyó a las plataformas digitales que, a pesar de poder hacerlo, no tomaron medidas para controlar el contenido de incitación a la violencia difundido en las redes y las acciones de los terroristas coordinadas virtualmente. Además de las plataformas y las personas que llevaron a cabo estas conductas, la Policía Federal, a través de la Operación Lesa Pátria, está investigando a los responsables de financiar los actos antidemocráticos que paralizaron a Brasil el 8 de enero.

Haciendo un breve análisis histórico, es importante recordar la solicitud de auditoría del sistema electoral presentada por el partido PSDB. La solicitud se produjo después de las elecciones presidenciales de 2014, en las que Dilma Rousseff (PT) compitió en la segunda vuelta con Aécio Neves (PSDB). Al final de la auditoría, el partido emitió un informe en el que afirmaba no haber encontrado fraude en el proceso electoral, pero argumentaba que el sistema electoral no permitía una "auditoría externa independiente" y sugirió la adopción del voto impreso para verificar los votos.

Los cuestionamientos sobre la integridad del proceso electoral y las solicitudes de voto impreso fueron discursos que resonaron en otros partidos de derecha y, sobre todo, en las Elecciones Generales de 2022.